#Pena | ¿Alguna vez te has detenido a pensar si nuestro sistema actual realmente busca reformar al individuo o si solo ha heredado las sombras de la venganza antigua?
La historia del castigo penal comenzó como una respuesta primitiva basada en el dolor físico y el escarmiento público, donde la ley del talión dictaba que el daño recibido debía ser devuelto con la misma moneda; sin embargo, a medida que las sociedades evolucionaron, la pena debió dejar de ser un acto de crueldad arbitraria para convertirse en una medida reglada. Recordemos que la pena solo es justicia cuando se impone con la frialdad de la ley y no con el calor del odio; la justicia no debe ser una forma de venganza, sino una herramienta para mejorar la sociedad. Cuando se castiga a alguien, el objetivo no es desquitarse, sino aplicar una sanción justa y equilibrada que demuestre que, como país, valoramos más el respeto a las leyes y la razón que el simple deseo de hacer sufrir.
Si la pena no cumple con el fin supremo de la resocialización, ¿puede acaso seguir llamándose justicia, o se ha convertido simplemente en un ejercicio estéril de violencia institucional? Bajo una perspectiva constitucional, el Estado tiene la obligación ineludible de devolver a la sociedad a un individuo preparado para convivir en paz, pero ¿es realmente posible lograr este fin constitucional en cárceles sobrepobladas y operando bajo el lastre de la corrupción penitenciaria? La pena, cuando se despoja de su función resocializadora-rehabilitadora y se degrada por estas condiciones, pierde su legitimidad.
En última instancia, una sanción que no transforma para bien al sujeto es cualquier cosa menos una pena; es, en esencia, un fracaso del contrato social que nos define. ¿No es hora de exigir que el sistema penal honre su promesa constitucional de reinserción en lugar de estancarse en la mera retribución?
Omar CHAYÑA
Abogado defensor en materia penal y disciplinaria. Especialista en Investigación Criminal (PNP), Inteligencia Policial (PNP) y Prueba Pericial (España). Estudios en investigación delictiva (Texas, EE. UU.), criminalística (PNP). Bachiller en Educación (UAP). Técnico en informática (ISTPN). CEO de Derecho de Policía | S1 PNP (R).
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