La sospecha

#Sospecha: El abismo donde muere la inocencia

En el infame caso del «Ases¡n0 del callejón», el fiscal decidió que la frialdad de Daniel ante el interrogatorio era la prueba máxima de su sociopatía y, por ende, de su culpabilidad. Ignoró sistemáticamente que los registros de geolocalización de su teléfono lo situaban a diez kilómetros de la escena, prefiriendo construir un relato basado en la «intuición criminal» y en un testigo visual cuya descripción cambiaba con cada café que le ofrecía la policía. Para el fiscal, la falta de una hipótesis emocional era más condenatoria que la ausencia total de rastros biológicos en las prendas del acusado; el sesgo de confirmación transformó un proceso judicial en una cacería de brujas moderna, donde la narrativa devoró a la realidad.

La justicia penal no puede permitirse el lujo de ser un ejercicio de fe o una extensión de las corazonadas de un funcionario policial, fiscal o judicial. La verdadera columna vertebral de un proceso legítimo es la corroboración objetiva: esa red de seguridad tejida con pericias científicas irrefutables, análisis forenses de datos y testimonios que no solo sean coherentes, sino que estén anclados en evidencias físicas. Cuando un fiscal desprecia la prueba material —como las huellas dactilares o la cronología técnica de los hechos— para abrazar inferencias subjetivas, no está buscando la verdad, sino simplemente una victoria estadística. «La justicia no es una corazonada; es un cálculo gélido de hechos verificables».

Recordemos que, la validez de una sentencia reside exclusivamente en la solidez de los elementos que la sostienen, no en la elocuencia de una acusación carente de sustento. La prueba pericial y la coherencia testifical cruzada son los únicos antídotos contra el error judicial que destruye vidas. Debemos entender que el sistema falla en el momento en que se permite que la convicción personal reemplace al dato duro. Sin una corroboración rigurosa, el proceso se convierte en una burla a la justicia y un menoscabo directo al sistema, cuya responsabilidad debe ser tratada con la máxima severidad.

Omar CHAYÑA

Abogado defensor en materia penal y disciplinaria. Especialista en investigación criminal (PNP) y prueba pericial (España). Estudios en investigación delictiva en Estados Unidos (Texas). CEO de Derecho de Policía. Docente en formación estratégica y técnica.

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